Las OSU enfrentan varias limitaciones importantes. Por ejemplo, no pueden acceder al Fondo Solidario de Redistribución ni participar en programas que cubren enfermedades costosas y poco frecuentes, ni en las prestaciones para personas con discapacidad. Tampoco reciben subsidios que ayuden a compensar las desigualdades en el financiamiento del sistema.

Además, las leyes que regulan el Plan Médico Obligatorio no contemplan un presupuesto específico para financiar las nuevas coberturas que se han incorporado. A esto se suma que las OSUs no forman parte del denominado Sistema Único de Recupero, por lo que deben afrontar los llamados "casos catastróficos" sin posibilidad de recuperar posteriormente esos gastos.

Amenaza a la sostenibilidad del sistema

El financiamiento de las OSU se basa en aportes y contribuciones salariales, lo que las hace muy vulnerables en el contexto actual. A esto se suma que no se han actualizado los salarios de los trabajadores universitarios y los altos costos del mercado farmacéutico y de servicios médicos, junto con la falta de políticas públicas que controlen y ayuden a enfrentar esta situación. Todo esto genera una creciente fragilidad económica y financiera.

Debido a la desregulación y la falta de financiamiento del sistema, se amenaza seriamente la capacidad de las obras sociales para sostener las prestaciones. Por eso, desde COSUN advierten que, si no se toman medidas urgentes, los servicios deberán reducirse únicamente a las prestaciones esenciales.

Un escenario económico crítico

Las OSU están inmersas en una crisis estructural que combina variables económicas, sociales y tecnológicas. Según datos del INDEC, durante 2023 la inflación acumulada superó el 210%, mientras que en 2024 fue cercana al 120%.

La imposibilidad de renegociar salarios mediante paritarias agrava aún más la situación: los aportes de los trabajadores universitarios, principales ingresos de las OSU, quedan rápidamente desactualizados frente a la inflación, generando una brecha que compromete el equilibrio financiero del sistema.

Cómo enfrenta DAMSU la crisis del sistema de salud universitario

El Departamento Médico Asistencial de la Universidad Nacional de Cuyo atraviesa un escenario de creciente vulnerabilidad, reflejo de la crítica situación que afecta a las obras sociales universitarias en todo el país. Diversos factores estructurales y coyunturales convergen en una realidad cada vez más difícil de sostener.

Uno de los desafíos es el perfil epidemiológico de la población afiliada. El envejecimiento progresivo implica una mayor prevalencia de enfermedades crónicas, muchas de ellas en pacientes con múltiples comorbilidades, lo que se traduce en una demanda sostenida de tratamientos prolongados, complejos y de alto costo. Para dimensionar el impacto, basta con señalar que la cobertura de un solo paciente oncológico puede implicar un gasto mensual de hasta 25 millones de pesos, dependiendo del tipo de tratamiento, medicamentos y tecnología requerida.

Esta realidad se da en un contexto de inestabilidad macroeconómica, donde la inflación específica del sector salud supera ampliamente cualquier incremento salarial o actualización de aportes. La estructura de financiamiento de DAMSU, resulta cada vez más insuficiente frente al incremento vertiginoso de los costos médicos.

A este escenario se suma la incorporación de tecnologías sanitarias de última generación. Los medicamentos biotecnológicos y las terapias de precisión para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades complejas constituyen, muchas veces, mejoras potenciales en términos médicos; sin embargo, su altísimo costo ejerce una fuerte presión sobre la sostenibilidad del sistema. En este sentido, estos tratamientos profundizan la brecha entre las necesidades de cobertura y las posibilidades reales de financiamiento dentro del modelo actual.

En este contexto, el peso económico de los medicamentos de alto costo sobre los recursos de DAMSU evidencia una evolución preocupante. En 2023, solo 50 afiliados con patologías de alto costos representaron el 18,37% del total de los recursos de la obra social. Un año después, esa misma cantidad de personas llegó a concentrar el 28,50% de los recursos, reflejando un incremento sustancial en el costo mensual destinado a este tipo de prestaciones.

Además, en lo que va de 2025, DAMSU ha asistido con medicación de alto costo a un promedio mensual de 224 personas, mientras que en 2024 ese promedio fue de 185. Este crecimiento refleja un incremento sostenido en la demanda de tratamientos para enfermedades complejas y costosas, lo que profundiza aún más el desafío de garantizar la cobertura sin comprometer el equilibrio financiero.

Este escenario impone una doble presión sobre DAMSU: por un lado, el aumento en la complejidad de las prestaciones; por otro, la dificultad para financiarlas sin afectar otras áreas críticas. Esto obliga a realizar constantes evaluaciones para definir qué prestaciones pueden ser sostenidas sin comprometer la atención básica del conjunto de los afiliados.

Otro factor determinante es la creciente judicialización de la salud. Si bien constituye una vía para garantizar derechos individuales, termina convirtiéndose en un mecanismo de alto impacto financiero. DAMSU se ve así forzada a cubrir tratamientos o medicamentos costosos a través de decisiones judiciales, muchas veces sin posibilidad de prever ni presupuestar esos gastos, lo que agrava aún más la fragilidad del sistema.

Una emergencia que exige respuestas inmediatas

La crisis que atraviesan DAMSU y las Obras Sociales Universitarias no es un episodio aislado ni una consecuencia pasajera, sino el reflejo de un modelo que requiere transformaciones profundas y urgentes. La combinación de inflación, envejecimiento poblacional, incorporación de nuevas tecnologías costosas, ampliación de coberturas sin fuentes adicionales de financiamiento, sumado a la ausencia de políticas públicas integrales ha llevado al sistema al límite de su capacidad operativa.

Garantizar el derecho a la salud de las comunidades universitarias requiere respuestas estructurales y una redefinición del esquema de financiamiento que esté a la altura de las nuevas exigencias del sector. Sin una acción conjunta, equitativa y sostenida, el riesgo no es solo la pérdida de prestaciones, sino el desmantelamiento de un modelo solidario que ha sido pilar del sistema universitario durante décadas.