En esta complicada coyuntura se observan la caída sistemática del poder adquisitivo de los salarios y el incremento de los costos de salud. Según ha calculado el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el desfasaje producido entre la inflación acumulada y los incrementos recibidos desde noviembre de 2023 a marzo de 2025 es de más del 80%.

A esta realidad se suma que la inflación específica del sector salud supera ampliamente cualquier incremento salarial o actualización de aportes. “La estructura de financiamiento de DAMSU resulta cada vez más insuficiente frente al incremento de los costos médicos”, explicó Gabriela Roculé, presidenta del directorio de DAMSU.

Por otra parte, la medicina ha incorporado en los últimos años tecnologías sanitarias de última generación, con medicamentos biotecnológicos y terapias de precisión para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades que tienen un costo altísimo. Esto ejerce una fuerte presión sobre la sostenibilidad del sistema. “Estos tratamientos profundizan la brecha entre las necesidades de cobertura y las posibilidades reales de financiamiento dentro del modelo actual”, dijo Roculé.

En este contexto, el peso económico de los medicamentos de alto costo sobre los recursos de DAMSU evidencia una evolución preocupante. En 2023, solo 50 afiliados con patologías de alto costo representaron el 18,37% del total de los recursos de la obra social. Un año después, esa misma cantidad de personas llegó a concentrar el 28,50% de los recursos, reflejando un incremento sustancial en el costo mensual destinado a este tipo de prestaciones. Y en lo que va de 2025, DAMSU ha asistido con medicación de alto costo a un promedio mensual de 224 personas, mientras que en 2024 ese promedio fue de 185.

Dentro de los factores estructurales, el mayor desafío es el perfil epidemiológico de la población afiliada. El envejecimiento progresivo implica una mayor prevalencia de enfermedades crónicas lo que se traduce en una demanda sostenida de tratamientos prolongados, complejos y de alto costo. Para dimensionar el impacto, basta con señalar que la cobertura de un solo paciente oncológico puede implicar un gasto mensual de hasta 25 millones de pesos, dependiendo del tipo de tratamiento, medicamentos y tecnología requerida.

La presidenta del directorio dijo que “este escenario impone una doble presión sobre DAMSU: por un lado, el aumento en la complejidad de las prestaciones; por otro, la dificultad para financiarlas sin afectar otras áreas críticas. Esto nos obliga a realizar constantes evaluaciones para definir qué prestaciones pueden ser sostenidas sin comprometer la atención básica del conjunto de los afiliados”.

La crisis que atraviesan DAMSU y todas las Obras Sociales Universitarias no es un episodio aislado ni una consecuencia pasajera, sumado a la ausencia de políticas públicas integrales que han llevado al sistema al límite de su capacidad operativa.

“Garantizar el derecho a la salud de las comunidades universitarias requiere respuestas estructurales y una redefinición del esquema de financiamiento que esté a la altura de las nuevas exigencias del sector. Sin una acción conjunta, equitativa y sostenida, el riesgo no es solo la pérdida de prestaciones, sino el desmantelamiento de un modelo solidario que ha sido pilar del sistema universitario durante décadas”, cerró Roculé.